Este lunes se pondrá en marcha el operativo de vigilancia y fiscalización en varios centros de salud privados de Caracas, por parte de la Defensoría del Pueblo, del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
El objetivo de esta iniciativa es garantizar a los asegurados que reciban la debida atención al momento de requerirla en estos recintos de salud privados.
La información la ofreció la defensora del Pueblo delegada del Área Metropolitana de Caracas, Nahomí Figuera, quien señaló que tomaron de forma aleatoria 40 clínicas privadas de la ciudad capital para ser inspeccionadas.
“A partir de este lunes 8 de noviembre comenzaremos con el operativo conjunto entre la Defensoría, el Indepabis y la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para la inspección de las clínicas privadas como parte del convenio de cooperación interinstitucional suscrito por estas instituciones (el pasado 1º de noviembre)”, indicó.
La Defensoría del Pueblo verificará el cumplimiento de las normativas establecidas en la Ley de la Actividad Aseguradora, específicamente en el artículo 40, el cual establece la prohibición a las empresas de seguros de supeditar la cobertura en casos de emergencia a cualquier tipo de emisión de claves o autorizaciones de acceso que impidan la atención y el acceso al derecho a la salud, entre otros alegatos.
“Posteriormente surgirán una serie de recomendaciones y como parte del convenio se establece la posibilidad de formular propuestas o proyectos de normas de carácter técnico, protocolos de atención, con el propósito de coadyuvar en una atención más oportuna de estos casos”, explicó.
La defensora delegada de Caracas destacó que también está previsto en el acuerdo la capacitación del personal adscrito a cada una de las instituciones firmantes, así como la divulgación de sus competencias a toda la colectividad.
De igual manera, indicó que luego de cada inspección los funcionarios deberán levantar un informe y, de ser necesario, se harán las debidas recomendaciones, elevando estos escritos a la sala situacional ubicada en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, en El Rosal, Caracas.
Por parte de la Defensoría trabajarán un aproximado de 14 funcionarios, en compañía de los que designe el Indepabis.
Figuera consideró importante "recordar que el derecho a la salud, como derecho constitucional, constituye también un servicio público, aun cuando esté siendo prestado por las clínicas privadas”.
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