Durante el debate, el diputado Juan José Molina (Podemos) dijo que según la Ley sobre la protección de la privacidad en las telecomunicaciones, solo se pueden interceptar o grabar comunicaciones privadas en caso de narcotráfico, seguridad de Estado, corrupción, delitos contra el erario público, o por razones de salvaguarda, seguridad, droga o secuestro.
Igualmente, Molina citó el artículo 60 de la Carta Magna que dice que la ley limitará el uso de la informática en aras de garantizar el honor y la intimidad personal.
Las criticas de Molina se centraron en que según el contenido del artículo 219 del proyecto de reforma, "se violan claramente principios constitucionales" al dejar al arbitrio de un fiscal del Ministerio Público el solicitar información sobre interceptaciones o grabaciones telefónicas a una empresa de telecomunicaciones o cualquier organismo público o privado, "sin que medie la autoridad judicial consagrada en la Constitución".
El diputado Ismael García anunció que denunciará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la reforma porque "lo que se busca es perseguir, criminalizar, intimidar a los venezolanos y acorralar a los medios de comunicación para impedir la libre expresión".
Explicó que la libertad de expresión y el derecho a la privacidad que están consagrados en la Constitución, serán violentados con esta reforma del COPP.
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